Es de suponer que, como anunció la vicepresidenta del Gobierno, Sra. Fernández de la Vega, se está preparando la reforma de la Ley de Libertad Religiosa. No sabemos cuanto durará este proceso, pero nosotros, los protestantes, deberíamos aprovechar este tiempo para reflexionar sobre este asunto, identificar los puntos conflictivos y aunar voluntades. No se trataría ahora de poner remiendos a una situación dada, sino de exponer con claridad qué entendemos por un estado laicista y qué lugar deberían ocupar en él las religiones en general, no solamente el Catolicismo o el Protestantismo. Si las cosas no están muy claras en la nueva ley –si es que va haberla- vamos a tener que enfrentarnos con situaciones muy difíciles, derivadas, tanto de la situación de privilegio que ha tenido siempre la Iglesia Católica, como de las exigencias del islamismo que tiene tradiciones muy profundas de confusión entre el estado y el Islam, política y religión.
En lo que se refiere a la Iglesia Católica, ha que quedar clara cual es nuestra posición fundamental. Si se trata de ascender a lo que ella tiene o descender a lo que tenemos nosotros o a la supresión de todo privilegio. De mis días de miembro de la FEREDE recuerdo que la postura que se mantenía al discutir los acuerdos con la Administración, era obtener el máximo posible y, entonces, que cada iglesia tomara lo que le pareciera bien. Y estos máximos son los que figuran en los Estatutos actuales de la Institución. Sólo leerlos causa cierto sonrojo, por ejemplo, cuando habla de la inviolabilidad de los templos o de su desacralización o privación de su carácter religioso antes de ser destruidos, permiso a los militares para ir al culto, etc.
De mucho más calado es el asunto de matrimonio evangélico al que se le concede validez jurídica. Este es un privilegio que la mayoría de los evangélicos acogieron con entusiasmo, cuando es algo que nos viene del matrimonio canónico de la Iglesia Católica, que tiene validez sacramental, y no tiene ninguna tradición ni justificación en nuestro caso. Se trata, supongo, de cuestión de prestigio, pero al que habría que renunciar. Teológicamente hablando, la iglesia, nuestras iglesias, no casan, o no debieran hacerlo. Se limitan, o deberían limitarse, a pedir la bendición de Dios sobre una pareja que quiere unirse delante del Señor. La cuestión administrativa y de registro civil nos es ajena y debe quedar en manos de la administración pública que da fe del contrato matrimonial entre dos personas y lo registra.
Tampoco deberíamos insistir en el derecho a enseñar religión evangélica en los colegios públicos. Evidentemente, es otro de los privilegios de la Iglesia Católica que quiere mantener a todo trance, pero que, si examinara los resultados que le ha dado, posiblemente debería abandonarlo. Deberíamos oponernos a subdividir las clases a la hora de la religión para que cada uno vaya a la suya. Si ha de haber religión en las escuelas, y creo que el hecho religioso jamás debe ser obviado, debería crearse, como ya se ha propuesto repetidas veces, un asignatura de cultura religiosa en la que primara la tradición del país.
Quizás mucho más importante que lo mencionado hasta ahora es la cuestión económica, es decir, recibir dinero del Estado. Hay total unanimidad en el protestantismo español en que las iglesias no deben recibir dinero del Estado para sostener el clero y el culto. Siempre hemos denunciado que no se puede dedicar dinero de los impuestos de todos a financiar iglesias, sean cuales fueren. La Iglesia Católica debería renunciar a recibir dinero del IRPF y buscar, como hacen las demás, sus propias fuentes de financiación. Esto sería lo justo en un Estado laico. Sin embargo, aunque todos los evangélicos coinciden en no aceptar dinero para sostener el clero y el culto, hay discrepancias en lo referente a fondos para la obra social. Así, las iglesias evangélicas, sí aceptan dinero del ente estatal Pluralismo y Convivencia, para proyectos culturales, sociales o de beneficencia. Puede que esto tenga su razón de ser, pero debería encauzarse por otros derroteros. Las iglesias evangélicas tienen derecho a recibir ayuda para sus proyectos, pero otras instituciones u ONGs no religiosas también los tienen. Unos y otros deberían tener el mismo cauce para las ayudas estatales. Todas ellas deberían estar encuadradas en las normas para instituciones de interés público o entidades de beneficencia particular. Por lo que respecta a la crucecita en la Declaración de Renta, no deberíamos caer en la tentación de pedirla. Quizás aduzcamos que se trata de nuestra declaración y de nuestro dinero. No es verdad. Se trata del dinero de todos. Los no religiosos tienen todo el derecho a la protesta.
¿Es que no podemos pedir un tratamiento fiscal diferenciado y unas ventajas para el dinero que aportamos cada uno de nosotros a las iglesias? Esto lo estamos obteniendo y es totalmente lícito y correcto hacerlo si está contemplado en el marco de las instituciones no lucrativas. En todo el asunto económico, de ventajas fiscales y exención de impuestos, las iglesias deberían estar asimiladas las entidades de interés público o benéficas privadas. No deberían tener un tratamiento especial.
Por lo que se refiere al Islam, uno de los problemas que se presentan es el de las mezquitas y el sostenimiento del clero. Dirigentes islámicos de alto rango están proponiendo, por ejemplo, que el Estado, para evitar la introducción de dinero extranjero y con él el poder que lo acompaña, conceda a las comunidades del Islam terreno público donde edificar sus mezquitas y fondos públicos para pagar a los imanes. De esta forma –dicen- podrían controlar mejor la presencia de fanáticos activistas en el país. Ambas propuestas deberían rechazarse. No podemos adaptar nuestras leyes al temor del terrorismo.
La cuestión de sueldos queda, en nuestro caso, descartada, ya que nunca hemos pedido ni hemos aceptado este tratamiento por parte del estado. Sin embargo, nos afectaría la cuestión de suelo público para edificar nuestros templos. Esto ya se está dando. Hay varios casos de ayuntamientos que han cedido solares para iglesias, y es una de las propuestas de Ruiz Gallardón para Madrid. Asimismo, recordemos que la FEREDE ha pedido un solar para edificar una nueva sede. Seguir esta línea, que al parecer es la misma que sigue el proyecto de ley de lugares de culto de la Generalitat de Catalunya, podría hipotecar nuestra libertad y llevarnos a una situación de conflicto permanente. Nosotros hemos estado en el país por espacio de casi 150 años, nunca nos han dado nada y podemos seguir así en el futuro.
Nosotros, los protestantes, debemos dar todo nuestro apoyo a un estado aconfesional o laico. Y hacerlo, no porque de todas formar vamos hacia ello y no nos queda más remedio, sino por convicción profunda y por exigencia del evangelio. “Al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios”, frase lapidaria del Maestro que no deja lugar a dudas. Al hablar de un estado laico, no nos referimos a un estado indiferente u opuesto a todo lo religioso. Insistimos en hacer la distinción, que a menudo se hace actualmente, entre laicismo y laicidad. El laicismo es un “ismo” más, como cristianismo, o ateismo, o hinduismo. El estado no debe ser así, no debe ser partidista, ni debe inclinarse por ningún “ismo” de esta clase, como ha hecho en el pasado con el catolicismo. Creemos en la laicidad, es decir, la neutralidad que permite la libre expresión de todo lo que es positivo y enriquece el bien común. El Estado no debe entrar en ideologías. Debe simplemente, entre todos, regular el tráfico, para que vaya en la dirección correcta.
Enric Capó
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