(Conferencia inaugural pronunciada en las Jornadas sobre Bioética y Derecho, organizadas por el Instituto Universitario de Investigaciones de Género, de la Universidad Carlos III de Madrid impartida el 6 de marzo de 2014)
Rajoy, Gallardón y la Biblia, contra las mujeres
En la toma de posesión como presidente del Gobierno ante el Rey, Mariano Rajoy juró su cargo colocando, primero, la mano izquierda sobre la Biblia y, luego, la derecha sobre la Constitución Española. ¿Sabía Rajoy sobre qué texto estaba jurando su cargo? ¿Le habían informado del contenido de la página donde estaba poniendo su mano izquierda? Me gustaría informarle para, en caso, de que tenga que repetir el juramento, se lo piense dos veces, aunque quizá volvería a hacerlo.
La Biblia estaba abierta por el capítulo 30 del libro de los Números -cuarto libro del Pentateuco-, que regula lo referente a los votos o juramentos y contiene las normas relativas a los votos hechos por las mujeres. El libro es fiel reflejo de una sociedad en la que la mujer ocupaba una posición subordinada. Según el texto bíblico, un voto hecho por una mujer estaba sujeto a la autoridad del varón, excepto en el caso de que fuera viuda o hubiera sido repudiada, es decir, cuando no había ningún hombre que se hiciera responsable de ella. Si la mujer era soltera y el padre desaprobaba el voto o juramento, no podía cumplirlo. Si daba su pláceme, tenía que cumplirlo. Si una mujer estaba casada y hacía un voto, debía cumplirlo si el marido no lo objetaba; si lo hacía, no debía cumplirlo.
De entrada creo que la promesa o el juramento de los cargos presidenciales o ministeriales en la Zarzuela ante la Biblia y el Crucifijo son hoy un resto de nacionalcatolicismo que no resulta fácil entender, y menos justificar, salvo por el deseo expreso del Rey, conforme a sus creencias católicas. Pero dichas creencias deben permanecer en la esfera privada, nunca explicitarse en el espacio público, y menos aún en un acto político de tanta relevancia como la toma de posesión de un gobierno en pleno. Es menos justificable aún tras más de treinta años de democracia y de no confesionalidad del Estado. Poner a Dios por testigo en el juramento de cargos políticos constituye un acto de teísmo político que termina por convertirse en una crasa manipulación de Dios. Hacerlo en presencia de la Biblia y del Crucifijo viene a ser una sacralización de la actividad política, lo más contrario a la secularización de la política, que es la seña de identidad de la Modernidad europea, de la que España forma parte. Sorprende que, tras treinta y cuatro años de vigencia de la Constitución Española que afirma: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal” (art, 16,3), se empiece transgrediéndola en un acto de tanta trascendencia para la vida política como la toma de posesión de un Gobierno del Estado Español surgido de la voluntad popular. Y eso viene sucediendo ininterrumpidamente desde el primer gobierno constitucional, con gabinetes de todos los colores: de derecha, de izquierda y de centro. ¿Necesita la voluntad popular ser legitimada por Dios, la Biblia y el Crucifijo?
¿El juramento con la mano puesta en el libro de los Números significaba que la política de Rajoy seguiría manteniendo la discriminación sobre la mujer, como hizo durante sus años de oposición al PSOE de 2004 a 2011, en los que se opuso a la mayoría de las leyes de igualdad de género? La composición del gobierno daba ya una pista de por dónde podía ir la política de Rajoy en relación con las mujeres. Rompìó la orientación paritaria de los gobiernos de Rodríguez Zapatero y volvió a una clamorosa disparidad. Entre los 13 ministros y el presidente del gobierno, sólo hay cuatro mujeres.
El Partido Popular ha mantenido el recurso que presentó en su día ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Igualdad. En concreto, el recurso del PP va contra la disposición de la ley que impone la paridad de las listas electorales, de modo que ninguna de las candidaturas tenga más del 60% ni menos del 40% de cada sexo en pueblos de más de 5.000 habitantes. El PP considera que dicho precepto restringe con carácter general «los derechos de personas en atención a su género».
Rajoy puso al frente del Ministerio de Justicia a Alberto Ruiz Gallardón -“el ministro que no quería a las mujeres”-, como correa de la transmisión de la ideología católica, que condena la teoría de género y niega a las mujeres su condición de sujetos morales. Él es el encargado de llevar a la práctica la política patriarcal del Partido Popular, que inició, conforme a la más rancia teoría de la feminidad, con la afirmación de que la libertad de la maternidad es la que hace a las mujeres “auténticamente mujeres” y con el anuncio de que la malformación del feto no se considerará un supuesto para la interrupción del embarazo. Estamos ante una verdadera contrarreforma, que siempre comienza con la negación de los derechos de las mujeres. Y el gobierno de Rajoy no es una excepción.
Colocando su mano izquierda en la Biblia sobre un texto de ideología patriarcal, Rajoy estaba desvelando, sin quererlo, su programa de gobierno, que tan celosamente guardó durante semanas, en contra de los derechos sexuales y reproductivos y de las leyes de igualdad de género aprobadas en las dos legislaturas anteriores, y que Gallardón está poniendo en práctica cual fiel escudero de una política conservadora y antifeminista. Efectivamente, el proyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, defendido con celo de cruzado católico medieval es la mejor y más fehaciente prueba de dicha política contraria a las mujeres, que requiere una reflexión antropológica, científica y ética crítica.
Vida humana y vida digna
En el tema del aborto lo que debemos considerar no es solo la dimensión biológica, sino también la antropológica. Para intentar establecer cuándo comienza la vida humana, lo primero que debe precisarse es qué se entiende por “vida” y por “humana”. Porque si por vida se entiende la capacidad de sobrevivencia autónoma y por “humana” la aparición de las cualidades propias de la persona, la cuestión se situaría, desde luego, en una etapa ulterior a la fecundación, e incluso al nacimiento. En la especia humana, una parte considerable del desarrollo neuronal tiene lugar después del nacimiento.
No se trata solo del “derecho humano a la vida”, sino a una “vida digna”, es decir, de seres humanos dotados para el pleno ejercicio de las facultades distintivas de su condición. Es, pues, un gran disparate y una irracionalidad, propios de la incompetencia de quienes toman decisiones que afectan a toda la ciudadanía, que se prohíba la interrupción del embarazo en casos de malformación del feto. Identificar anomalías de esta naturaleza –que, si llega a nacer, serán irreversibles- y exigir a la madre terminar una gestación que, muy probablemente, concluiría con graves riesgos para la vida de la progenitora, es una irresponsabilidad política que la ciudadanía no puede permitir y contra la que debe rebelarse.
El diagnóstico prenatal y, en su caso, el tratamiento, son muy importantes para lo único que importa: la prevención de alteraciones sin retorno. Es por ello otra incoherencia inadmisible humana y socialmente, y contraria a la protección de la salud que se hagan recortes en la detección de enfermedades de manifestación prenatal que son evitables.
El cigoto no es todavía un ser humano
En el proceso de embriogénesis carece de sentido aseverar que el principio y el producto son la misma cosa, que la semilla es igual al fruto y que la potencia es igual a la realidad. El cigoto posee el potencial de diferenciarse escalonadamente en embrión, pero no la potencialidad y la capacidad autónoma y total para ello. Anticipándose al debate actual sobre esta cuestión, Pedro Laín Entralgo escribía en El cuerpo humano (1989) hablando de la especiación del cigoto: “El cigoto humano no es todavía un ser humano, la condición humana solo puede ser atribuida al naciente embrión cuando sus diversas partes se han constituido en esbozos unívocamente determinados a la morfogénesis de los aparatos y órganos del individuo adulto, lo cual comienza a ocurrir con la gastrulación y la formación de las hojas blastodérmicas y, de modo más explícito, con la aparición de la llamada cresta neuronal. En suma, el cigoto humano es un hombre, un hombre en acto, y solo de manera incierta y presuntiva puede llegar a ser un individuo humano”.
Científicos, autoridades políticas, autoridades religiosas y estadistas
Los científicos trabajan rodeados de interrogantes, más que de respuestas y no pueden adoptar posiciones dogmáticas en campos en los que entran de lleno las cuestiones filosóficas y teológicas. Por lo mismo, no corresponde a las autoridades eclesiásticas pronunciarse sobre temas propios de la ciencia. La misma actitud debe exigirse a las autoridades políticas. Sin embargo, ni unas ni otras suelen cumplir dicha indicación porque no se mueven por análisis filosóficos rigurosos, sino preferentemente por intereses electorales, en el caso de las autoridades políticas, ni por reflexiones teológicas de fondo, sino por actitudes dogmáticas, en el caso de las autoridades religiosas.
“La diferencia entre los políticos y los estadistas –escribió Sir W. Liley- consiste en que los primeros piensan en las próximas elecciones y los segundos en las próximas generaciones”. Asegurar la calidad de vida con todos los conocimientos científicos es, pues, una acción esencial del Estado. Esto es lo que se ha logrado con el Plan Nacional de Prevención. Por el contrario, imponer por ley una vida de sufrimiento e inhumanidad a las personas que nacerán con graves discapacidades, a sus familias y cuidadores; interferir en las conciencias de las mujeres hasta violentarlas; no respetar su derecho a decidir en cuestiones tan personales, íntimas y decisivas para su vida como es la maternidad e imponérsela por decreto es propio de Estados totalitarios. Eso es precisamente lo que hace el proyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada del Partido Popular.
El Ministro de Justicia dice defender y proteger la vida del no-nacido alegando la indefensión en que éste se encuentra. Al mismo tiempo el Ministro del Interior justifica la muerte de 15 inmigrantes africanos. Es una contradicción y una incoherencia. Por una parte se defiende la vida de un ser que no ha nacido e incluso de quien se sabe que no va a tener una vida humana digna, sino llena de sufrimientos y que va a hacer infeliz a la familia y de quien no va a ocuparse ninguna institución pública. Además, se culpabiliza y castiga a quienes quieren evitar esos sufrimientos.
Mientras, se justifica la muerte -¿asesinato?- de 15 inmigrantes indefensos que no han cometido otro delito que el de huir del hambre, de la miseria, de una vida indigna en su país, y buscar mejores condiciones de vida en el nuestro. Y eso sometiéndose al riesgo de perder la vida. Y las Fuerzas de Orden Público, lejos de velar por su seguridad y de proteger su vida, como es su cometido, contribuyen a su muerte alegando que defienden las fronteras del territorio nacional y velan por la seguridad de los españoles. El Ministro del Interior, a su vez, amenaza con llevar a los tribunales a quienes denuncian este tipo de crímenes, defiende la actuación de la Guardia Civil, la felicita por su trabajo y quién sabe si no les condecorará.
¿Tiene más valor la vida de un no-nacido que las vidas de 15 personas? La respuesta afirmativa del actual Gobierno me parece un ejemplo paradigmático de cinismo, de desprecio selectivo de determinadas vidas humanas, consideradas población sobrante y prescindible. Nunca se había llegado a una situación de tal inhumanidad e inmisericordia.
Complicidad Gallardón-Jerarquía católica-Asociaciones Pro Vida
A esto hay que sumar la complicidad de Gallardón y Rajoy con la jerarquía católica española y con las asociaciones autodenominadas “Provida” que, tras presionar de múltiples formas durante la preparación de la ley, han aplaudido inmediatamente su aprobación por el Consejo de Ministros –como antes hicieron con la Ley Orgánica de la Calidad Educativa, que impone la asignatura de religión como evaluable-, e incluso quieren que sea todavía más restrictiva. Estos días se han oído voces de obispos que se oponen incluso a la interrupción del embarazo en los casos de violación.
Dicha complicidad demuestra que estamos ante un Gobierno de tendencias claramente confesionales de carácter nacional-católico, que va a imponer a la ciudadanía una moral privada regida por la religión católica, y no una ética laica, común a todos los ciudadanos. ¿Qué sucede, entonces? Que con esta Ley el Gobierno considera delito lo que los dirigentes eclesiásticos califican de pecado y, en consecuencia, penaliza a los médicos con la cárcel. ¡Algo inconcebible en un Estado no confesional!
Defensa de la vida del no nacido y post-mortem, desprecio de la vida de los nacidos
Los obispos defienden la vida, es verdad, pero la vida de los no-nacidos, la vida del feto, desde el momento de la concepción, hasta minusvalorar la vida de la madre. Defiende la vida después de la muerte. Sin embargo, no vemos tanto celo en la defensa de la vida de las personas ya nacidas, sobre todo la de quienes la ven amenazada a diario, especialmente las mujeres maltratadas, violadas, asesinadas, sometidas a condiciones de trabajo inhumanas, cuyos cuerpos son colonizados, a millones de seres humanos que mal-viven con menos de un dólar diario y cuyo destino es una muerte prematura, niñas y niños objeto de abusos sexuales en instituciones religiosas, niñas y niños que mueren de hambre, gente que fallece en las pateras. Mucho nos tememos que esa va a ser la actitud del Gobierno si lograra aprobarse la ley ahora en proyecto: desatender a los nacidos con malformaciones genéticas y obligar a las familias a cargar con ellos sin facilitar los medios para su atención permanente.
Hemos visto a los obispos españoles participar en manifestaciones y pronunciarse en sus sermones y cartas pastorales contra el aborto, el divorcio, el matrimonio homosexual, la Educación para Ciudadanía, el llamado “fundamentalismo laicista” de los gobiernos socialistas y a favor de la enseñanza de religión en la escuela. Rara vez, sin embargo, hemos visto a bispos participando en las concentraciones contra la violencia de género, como hacen muchos ciudadanos cada vez que se produce un feminicidio. Organizan misas masivas en favor de la familia cristiana –muchas veces de carácter patriarcal-, pero se olvidan de que en más de un millón y medio de familias españolas todos sus miembros están desempleados.
Diversidad ideológica entre los católicos
Ahora bien, la complicidad entre obispos y Gobierno de la Nación en materia del aborto, no es de todos los católicos, sino de los dirigentes episcopales, que son minoría y solo se representan a sí mismos. En el seno del catolicismo existe un amplio pluralismo ideológico en este tema, y numerosos colectivos católicos defienden la vigente ley de plazos aprobada en 2010 que contó con un amplio apoyo parlamentario y que ahora se pretende derogar, y se oponen a la ley de Ruiz-Gallardón, que es contraria a la libertad de conciencia y trata a las mujeres como menores de edad al no reconocerlas como sujetos morales capaces de decidir por su cuenta.
Lo mejor, a nuestro juicio, es respetar el pluralismo que existe en la sociedad y en el seno de las religiones en este campo, y escuchar la voz de los científicos, que también es plural. ¡Sin condenas ni anatemas! Creemos que la ley vigente, que se pretende derogar, es la que mejor respeta el pluralismo, ya que ni impone ni prohíbe a ninguna mujer abortar, mientras que en la ley-Gallardón todo son prohibiciones y condenas.
Incoherencia al condenar el aborto y defender la guerra
Demuestran una grave incoherencia quienes –sean instituciones o personas- condenan el aborto con la misma vehemencia con que defienden la pena de muerte, propician la confrontación bélica o permanecen impasibles ante el genocidio colectivo, por hambre o desamparo, de más de 60.000 personas mientras se invierten en la seguridad de unos pocos –menos del 20% de la humanidad- 4.000 millones de dólares diarios en armas y gastos militares.
Concluimos ya. Lo que estas reflexiones pretenden es evitar que la ley sea aprobada por la mayoría parlamentaria absoluta que actualmente permite al Parlamento español adoptar normas que la mayoría de los ciudadanos rechazan, ya que implica un nuevo recorte de los derechos humanos, quizá el más grave de todos, que es el derecho de las mujeres a elegir libremente la maternidad y hacerlo en tiempo oportuno, sin coacciones externas, y menos del Estado, que debe velar por el ejercicio de ese derecho, en vez de negarlo y obstruirlo como hace este proyecto de ley. Hay que impedir que se consume otro recorte más, y éste más grave que los anteriores: el de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que son derechos humanos inalienables. Un recorte que se suma a los que el Gobierno del Partido Popular viene llevando a cabo desde su toma de posesión hace más dos años sin temblarle la mano contra los sectores más vulnerables de la población española.
(Este artículo se basa en el que publicamos Federico Mayor Zaragoza y yo en el diario EL PAÍS el 6 de enero de 2014 bajo el título “Coherencia ante el aborto”, del que es un desarrollo más amplio).
