El término griego (!) “hipoteca” (hypotheke) significaba originariamente una sugerencia, un consejo, y también una advertencia. De ahí pasó a significar la propiedad que se da como garantía del pago de un crédito. En castellano, “hipotecar” tiene el sentido de poner algo en peligro con nuestras acciones. Se puede hipotecar nuestra libertad. Y se puede hipotecar un país entero.
España está hipotecada económicamente. No se trata solamente de las miles de hipotecas que arruinan a las familias españolas. La hipoteca económica afecta a todo el país. Somos un país que no produce de forma competitiva en un mercado que se ha globalizado. Las familias y los bancos españoles hemos invertido preferentemente en inmuebles. Para ello, los bancos prestaron lo que no tenían, pidiendo a su vez préstamos a los bancos europeos, y los genios económicos del neoliberalismo nos endeudaron finalmente a todos. Otros capitales se invirtieron en países emergentes como China, que desarrollaron un tejido industrial con el que ahora los países occidentales tienen que competir. Algo muy loable en muchos aspectos, si nos olvidáramos de la dificultad de producir más barato que un país “comunista” en el que no hay sindicatos, ni libertad de expresión, ni elecciones libres, ni ningún otro control de las elites económico-políticas, que de este modo se pueden permitir unos salarios ínfimos, con servicios sociales mínimos. En un mercado globalizado, esto significa que, o en China mejoran las condiciones sociales y políticas, o el resto del mundo se “chiniza” para poder competir.
La solución usual para sobrevivir en el mercado global hubiera sido devaluar la moneda. Pero esto no lo puede hacer España, que participa de la moneda común europea. Los países que no llegaron a entrar en el euro, como Polonia, pueden capear la crisis económica, porque pueden ajustar su divisa. Para nosotros, en cambio, la hipoteca económica es también una hipoteca europea. España, ingenuamente, contra las advertencias de varios grandes economistas, se incorporó a una moneda única que no venía acompañada por la unión fiscal y política. Además, la Unión Europea padeció, desde sus inicios, un déficit democrático. Somos culpables de haber sacrificado la democracia a la retórica europeísta. Entramos en Europa sin entrar en una democracia, porque confundimos la democracia con un club de países democráticos. Y son cosas radicalmente distintas. Mucho antes de cualquier intervención, los españoles entregamos la capacidad de gobernar nuestra economía a unas instituciones europeas que no fueron democráticamente elegidas. En Europa ha sucedido lo que sucede en todo el mundo: los más ricos, a veces demócratas en su ámbito nacional, son los que deciden por todos, sin que esos todos les hayan designado. A escala global, la política de los poderosos consiste usualmente en aprovechar la coyuntura, echar la culpa a las víctimas, y dejar que todo se hunda, antes de perder privilegios. Nada indica que algo distinto vaya a suceder a escala europea.
Para España, fue fácil renunciar a sus derechos democráticos, porque nunca los tuvo plenamente. Nuestra transición democrática fue incompleta. El poder absoluto no pasó del dictador al pueblo, sino que fue entregado directamente a los partidos. Toda una serie de mecanismos, como las listas cerradas o la disciplina de voto, fueron diseñados para que los políticos tuvieran que dar pocas cuentas a los ciudadanos, y muchas cuentas a su partido. Esta lealtad se incrementa con un sistema escandaloso de privilegios. En torno a los partidos, se constituyen conglomerados empresariales y financieros. El resultado es que España tiene casi medio millón de políticos en nómina, más que cualquier país europeo. Tenemos el doble que Italia, el segundo país en número de políticos, y trescientos mil más que Alemania, que nos dobla en población. España no tiene una verdadera división de poderes, porque tanto el poder ejecutivo, como el legislativo y el judicial quedaron “democráticamente” sometidos a la disciplina de los partidos. Hasta el “cuarto poder”, la prensa, financiada públicamente, obedece a su partido de referencia. Quienes aceptaron esto como democracia, quienes ingenuamente, una y otra vez, votaron a unos para castigar a otros, gravaron a España con una hipoteca política. Del mismo modo que los países ricos de Europa no van a sacrificarse por un proyecto común, nuestra elite política tampoco se va a hacer a sí misma ningún “ajuste” voluntario. Islandia pudo afrontar su enorme crisis porque no estaba en el euro y porque su sistema político, mucho más democrático que el nuestro, le permitió purgar a sus dirigentes.
La hipoteca es también cultural. Los años de bonanza económica no sirvieron para desarrollar un sistema educativo y científico de calidad. Lo que se financió públicamente fue una “cultura-basura”, convertida en espectáculo. Durante la dictadura se acabó con unos maestros republicanos que leían física y filosofía, y que competían con el sacerdote, el alcalde y el médico por la autoridad local. Por su parte, la “democracia” de los partidos ha venido hundiendo la enseñanza secundaria, que en los años setenta todavía podía mostrar institutos de respetable calidad. La competencia por el control ideológico de las aulas, el cambio continuo de los programas educativos, la mercantilización abusiva de unos libros de texto de calidad decreciente, y la demagogia generalizada que anula cualquier sentido de disciplina, de exigencia y de obligación han producido los resultados previsibles. El nivel educativo de España, salvo honrosas excepciones, está a la cola de los países occidentales. En la enseñanza superior, es un secreto a voces el modo en que en España se suelen asignar los puestos universitarios. Los “ajustes” y la privatización de las universidades no van a mejorar la situación, sino que parecen empeorarla. Si la dictadura acabó con el magisterio, y la “democracia” de los políticos destruyó la educación secundaria, ahora parece haberle llegado el turno a la universidad. Los países emergentes, con mejores sistemas educativos, atraerán inversiones de calidad. España atraerá las “Euro-Vegas” del futuro.
Sería ingenuo echarle toda la culpa de nuestros problemas a otros. Cada una de estas hipotecas contó con el apoyo de la mayor parte de la sociedad española. En el fondo de todo ello hay una hipoteca moral. Somos un país de personas presuntamente “solidarias” que no pagan sus impuestos, que utilizan el seguro de desempleo como salario, que engañan sistemáticamente en sus facturas, que mienten para no trabajar, y que no asumen responsabilidades. Los políticos corruptos y los partidos deshonestos son continuamente refrendados por las urnas. “Feudalmente” pensamos que nuestros deberes se refieren solamente a los amigos y (tal vez) a la familia. La formación moral fue transferida desde una iglesia envejecida a una televisión en la que apenas hay lugar para el pensamiento y el debate. Los ciudadanos demandan “televisión-basura”. Lo que en tales medios se enseña, se disfruta y se celebra es el egoísmo más chato. Generaciones enteras han sido moralmente preparadas para trabajar “sin prejuicios” en distintas “Euro-Vegas”. La transición anunció que, frente a la represión de la dictadura, la “libertad sexual” acabaría con lacras de siglos. Pero España tiene récords europeos en prostitución, en trata de mujeres, y en infección por el sida. También tenemos el liderazgo en el consumo de cocaína. El lenguaje soez, o la mentira, se toleran fácilmente en nuestra “cultura”. En 2006 España celebró el año de don Quijote. En realidad, podríamos haber celebrado el año de Sancho Panza.
La hipoteca moral está unida una hipoteca religiosa. Es un lugar común decir que el protestantismo favoreció la ética del trabajo, el sentido de la responsabilidad individual, y el control democrático de los políticos. No estoy muy seguro de todo ello. El calvinista puede ser mucho más intolerante que el católico, y los protestantes “cultos” y “liberales” se entregaron masivamente a Hitler. En cualquier caso, nuestra forma peculiar de catolicismo se desarrolló en la edad moderna como una alianza constante de religión y patria (o “patrias” particulares), que no se rompió definitivamente con la transición “democrática”. Incluso los recientes gobiernos de izquierda, a pesar de refriegas esporádicas con los prelados, aseguraron sine die el sostén público de la iglesia nacional. Una configuración patriótica y territorial de la religión fácilmente deja de ser fuente de impulsos éticos, para limitarse a combatir por áreas de influencia y privilegios eclesiásticos particulares. Los impulsos éticos solamente surgen de fuentes espirituales cuando la religión es asumida personalmente, en lugar de ser impuesta o heredada. Julio Caro Baroja hablaba en los años setenta de un paso “de la superstición al ateísmo”. Media España ha rechazado un cristianismo que nunca conoció; la otra media vive un catolicismo cultural y político, pero carece de espiritualidad.
La ínsula Barataria tiene que cancelar sus hipotecas. Pero no esperemos que esa cancelación tenga lugar primeramente por el buen hacer de nuestros políticos, de nuestros empresarios, de nuestros periodistas, de nuestros clérigos, o de nuestros profesores. Muchos de nuestros dirigentes son más parte del problema que de la solución. La cancelación no se puede hacer sin las transformaciones profundas que necesitan tanto nuestras instituciones como nuestras vidas individuales. Sin esto, la hipoteca total de las libertades será fascismo.
(Escrito el 24 de julio de 2012, en praxeologia.org)
Director de Estudios y Publicaciones de la Fundación Xavier Zubiri (Madrid). Pastor de la iglesia de los Hermanos en Cristo de Hoyo de Manzanares (Madrid). Conferenciante y profesor invitado en distintas instituciones. Miembro de la Junta Rectora del Centro Teológico Kenosis (www.ceteka.org).
