Los obispos católicos españoles no se han presentado a ninguna de las elecciones durante los últimos 35 años de democracia. Sin embargo, las ha ganado todas, cualquiera haya sido el color ideológico de los partidos que gobernaran. ¿Es uno de los misterios del catolicismo, un jeroglífico, una adivinanza? Puede parecerlo a primera vista, pero no lo es. Intentaré explicarlo. La jerarquía católica nunca apoyó la creación de un partido confesional, no tanto porque fuera contraria a la confesionalización de la vida política, cuanto por miedo a que, una vez creado, adquiriera autonomía y se le fuera de las manos.
La primera batalla que ganaron fue en las Cortes Constituyentes de 1977-1978. Es verdad que los obispos más integristas no consiguieron que se introdujera el nombre de Dios en la Constitución, pero el sector moderado del episcopado, bajo la guía del cardenal Tarancón, sin tener un solo representante en el Congreso ni en el Senado y bajo la amenaza de pedir a los católicos el voto en contra, lograron dos triunfos en los artículos 16.3 y 27.3
En el 16.3 consiguieron introducir una mención explícita al catolicismo eclesiástico: “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Afirmación que entraba en clara contradicción con la primera parte del mismo artículo: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”.
En el artículo 27 consiguieron la presa más preciada: que se reconociera el derecho de los padres a que sus hijos recibieran la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones; en otras palabras, la incorporación de la religión –en ese momento, en clara referencia a la católica- en la escuela, que fue puesto en práctica inmediatamente. El mismo artículo establecía como objetivo de la educación “el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a todos los derechos y libertades fundamentales”, que tardó en aplicarse más de un cuarto de siglo con la aprobación de la asignatura de Educación de la Ciudadanía. El segundo gran triunfo de la jerarquía fue la firma, por el secretario de Estado de la Ciudad del Vaticano cardenal Jean Villot y el ministro de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja Aguirre, de cuatro Acuerdos de rango internacional: jurídico, económico, sobre enseñanza y asuntos culturales, y sobre asistencia religiosa a los católicos de las Fuerzas Armada y servicio militar de clérigos y religiosos. La firma tuvo lugar en el Vaticano el 3 de enero de 1979, solo siete días después de que el rey sancionara la Constitución en las Cortes Generales. No pocos constitucionalistas y expertos en Derecho Eclesiástico del Estado coinciden en que se trata de unos Acuerdos anticonstitucionales, ya que no respetan tres principios fundamentales de la Constitución española de 1978: la laicidad, la neutralidad del Estado en materia religiosa y la igualdad de toda las religiones.
Resulta difícil encontrar unos convenios tan desequilibrados en favor de una de las partes: para la Iglesia católica, todos son privilegios económicos, fiscales, sociales, jurídicos, militares, educativos, culturales. Para el Estado español, todas son obligaciones, desde la financiación hasta la obligatoriedad de la oferta de la religión católica en todos los grados y niveles de enseñanza durante el periodo escolar.
La jerarquía católica logró un nuevo triunfo en la batalla por las fiestas laborales, cuando, tras una dura negociación y teniendo en contra a la mayoría de los partidos políticos y de la patronal, consiguió que la efemérides der la Inmaculada Concepción, que se celebra dos días después del día de la Constitución, se reconociera como fiesta laboral.
¿Siguen ganando hoy los obispos batallas, sin presentarse a las elecciones? Por supuesto, acaba de hacerlo en dos campos. El primero es el económico. La jerarquía católica es la única institución que se ha salvado de la crisis económica y no ha sufrido recorte alguno. El segundo es el ideológico, que está teniendo lugar en estos días con dos medidas del Gobierno del PP favorables al catolicismo: la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía -bestia negra de la jerarquía católica- y el establecimiento de una asignatura alternativa a la religión en la futura ley de educación.
¿Qué necesidad tiene la jerarquía católica de contar con un partido confesional o de presentarse ella misma a las elecciones, si las gana todas, sin someterse al voto de la ciudadanía?
Juan José Tamayo es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones, de la Universidad Carlos III de Madrid. Su última obra es Invitación a la utopía (Trotta, 2012).
(Publicado en EL PERIODICO DE CATALUÑA, 11 de diciembre de 2012)
