Es indudable que en el campo de la libertad religiosa, en este país en el que vivimos, hay problemas serios. Venimos de una larguísima tradición de intolerancia y, a pesar de que desde 1980 tenemos una Ley de Libertad Religiosa, 
no es fácil encauzarla de forma que se adapte a las condiciones de vida de nuestra sociedad. Así, pues, siempre surgen desajustes que provocan reacciones, a menudo, demasiado radicales. Decir, por ejemplo, que España en este terreno es la Cuba de Europa es una generalización que no se corresponde con la realidad y da una imagen distorsionada de lo que está pasando entre nosotros. Tampoco parece que hay razones de suficiente peso para convocar la manifestación protestante prevista para el próximo 5 de noviembre.
La Ley catalana sobre centros de culto (16/2009, de 22 de julio), pionera en este campo, fue un intento de regular la implantación de los templos de las nuevas confesiones y tenía por objeto: “facilitar el ejercicio del derecho de libertad de culto, dar apoyo a los ayuntamientos a la hora de garantizar este derecho y velar por unas condiciones adecuadas con respecto a la seguridad e higiene de los locales.” Y sabemos que los que patrocinaron este texto no tenían otra intención que la de encontrar caminos de entendimiento en los que todos pudiéramos ejercer nuestro derecho a la libertad religiosa que es lo que, por encima de todo, se ha de preservar.
Los problemas han surgido, no tanto de la intención de las leyes que regulan el establecimiento de estos nuevos lugares de cultos, sino de las actitudes de la ciudadanía (protestas vecinales contra la construcción de mezquites en el barrio) y de los alcaldes a los que se dan demasiadas atribuciones que ponen de manifiesto hasta que punto están distanciados del espíritu de una verdadera libertad religiosa. Aunque sólo sea en algunos casos aislados, se da el caciquismo de siempre que trata de imponerse por encima de las leyes.
Uno de los problemas de la nueva ley, especialmente debido a las modificaciones introducidas por la Ley 94/2010, es que las confesiones religiosas, incluida la Católica, quedan a merced de las arbitrariedades de los alcaldes que tienen la facultad de dar o negar la licencia correspondiente para la apertura o funcionamiento de un lugar de culto. También es un ataque a la libertad religiosa el que se limite el derecho a tener un lugar de culto o a organizar manifestaciones públicas de la fe, al grado de implantación en la población de una determinada confesión. La libertad religiosa implica el derecho a la evangelización e, incluso, al proselitismo, aunque éste sea, desde el punto de vista cristiano, moralmente reprochable. Todos tenemos el derecho a manifestar públicamente nuestras convicciones, a ganar adeptos para nuestra causa y a disponer de lugares adecuados para el culto. Que estos lugares estén sujetos a una normativa única para todos nos parece correcto, siempre que se respeten –y esto lo hace la Ley, aunque sólo sea por un período de 10 años- los que tuvieron que improvisarse en los tiempos de la intolerancia franquista.
Pero hay que recordar que por encima de los alcaldes, entre los que hay alguno que ha hecho manifestaciones totalmente contrarias al derecho de las confesiones religiosas, está la Ley de Libertad Religiosa y la Constitución Española, de forma que en ningún caso pueden impedir el ejercicio del derecho a la celebración del culto. Si la redacción de la ley es defectuosa y da pie a interpretaciones que lesionan los derechos fundamentales de la libertad religiosa, habrá que insistir en la exigencia de una práctica que sea equitativa para todos. Así lo han hecho los musulmanes que en el VII Congreso de Imanes y presidentes de oratorios, celebrado recientemente en Barcelona, piden a los partidos políticos un “Pacto para la Normalización Religiosa entre las principales confesiones del país y los responsables de la gestión del fenómeno religioso”. Asimismo, y esto me parece importante, piden a la Generalitat “que las religiones sean tratadas igual que otras organizaciones y asociaciones que trabajan para el bien común”.
Podríamos identificar todavía otros problemas, pero hay que hacer notar que en ningún caso se trata de una acción contra los protestantes. Y esto es algo que ha de ser puesto claramente de manifiesto, ya que la convocatoria que ha hecho el Consell Evangèlic de Catalunya a una movilización general, lo deja totalmente en la penumbra. La Ley de centros de culto es para todos e incluye tanto a los protestantes como a los católicos y a los musulmanes. No hay otra discriminación, excepto la que, desde antiguo, establece el Concordato con el Vaticano por el que el Estado financia a la Iglesia Católica, algo contra lo que los protestantes de siempre hemos luchado y que ahora se pretende que defendamos para nosotros y lo hagamos públicamente en una manifestación, en este momento en que el país atraviesa una grave crisis económica.
No creo que sea el momento de hacer manifestaciones sobre la libertad religiosa, sino el del diálogo con el propósito de limar discrepancias y buscar caminos de entendimiento. No hay leyes que vayan contra nosotros, pero pueden surgir problemas que se habrán de tratar con paciencia y buena voluntad para hacer valer nuestros derechos en todos los casos en que sean pisoteados. Esto no será fácil. No hay un enemigo identificable. Nos enfrentamos a una tradición de intolerancia que no es fácilmente superable. Pero como dicen los musulmanes, que ya hemos citado, hay que luchar contra “los que pretenden alzar en Cataluña una confrontación por motivos religiosos” y pedir al sector público que “colabore en la visualización de un pluralismo religioso, desde la neutralidad, la equidad y la igualdad”.
Enric Capó
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