Desde los años ochenta del siglo pasado, con la implementación del modelo económico neoliberal en América Latina, los gobiernos y las empresas Transnacionales del Norte promovieron la firma de Tratados de Libre Comercio (TLCs) y Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) o Tratados de Protección de Inversiones para el desarrollo del comercio internacional. Por su parte los gobiernos de nuestra región concibieron y firmaron estos tratados como un medio de ampliar el comercio y de atraer la inversión extranjera para el crecimiento económico de nuestros países.
En el 2011, dichos tratados de inversión sumaban más de 3.000 en la región, pero al analizar estos tratados se evidencia que brindan prerrogativas desmedidas a las multinacionales que operan en nuestros países, como: exenciones fiscales y tributarias; liberalización total para la repatriación de sus ganancias, tarifas subsidiadas por el uso de energía eléctrica, telefonía, etc.; flexibilización de leyes ambientales y laborales; y uso indiscriminado de nuestros recursos naturales, cláusula de la nación más favorecida, trato nacional, protección contra las expropiaciones, requisitos de desempeño, cláusula de solución de controversias, entre otras, acentuando las asimetrías entre medianas y pequeñas empresas nacionales frente a las empresas multinacionales.[1]
Para analizar estos tratados y sus efectos en nuestros pueblos, el Movimiento Jubileo 2000, Red Ecuador, Organizó el pasado 25 y 26 de julio en Guayaquil, el “Taller Internacional Alternativas al Régimen Internacional de protección de Inversiones y al Sistema de resolución de controversias entre las empresas Transnacionales y los Estados.” El taller además, fue convocado de manera conjunta por la Alianza Social Continental, Latindadd y el PIDHDD con el auspicio de varios entes del gobierno ecuatoriano, la Friedrich Ebert Stiftung-ILDIS y el Consejo Latinoamericano de Iglesias.
Durante el taller se analizó la forma como estos tratados son usados por poderosas corporaciones transnacionales para hacer demandas a los gobiernos cuando éstas consideran que un cambio en las políticas de los Estados afectan sus ganancias. Estas demandas obligan a los gobiernos a gastar grandes recursos en su defensa, en un sistema internacional donde priman los intereses de estas corporaciones y no los derechos humanos, ni el cuidado de la creación de Dios. Los resultados de estas demandas generalmente producen el debilitamiento de la regulación y la inversión social, ambiental de los Estados y nuevas cargas fiscales a los ciudadanos y ciudadanas.
Ante esta situación el ministro de relaciones exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, quien participó en el Taller, recordó que en el pasado su país firmó cerca de 23 de estos tratados y que hoy tienen 34 demandas arbitrales en distintos foros, por lo que manifestó que necesitan de la solidaridad internacional para enfrentar los atropellos jurídicos de estos tribunales que siempre terminan beneficiando a las empresas transnacionales. También hizo un llamado a los asistentes al taller para iniciar una campaña a favor de un modelo alternativo de inversiones que permita establecer una estrategia común de lucha y la construcción de un acuerdo de inversiones que realmente produzcan mejores condiciones de vida para nuestros pueblos.[2]
Sobre la propuesta de este modelo alternativo de inversiones ya se realizó la “I Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos afectados por intereses trasnacionales”, el pasado 22 de abril en Guayaquil, a fin de discutir acciones de los gobiernos contra el actual régimen de protección de inversiones. En esta participaron representantes de países como Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela. Los acuerdos fundamentales de la reunión fueron apoyar la constitución y puesta en marcha de instancias regionales, en el seno de UNASUR, para la solución de controversias en materia de inversiones, que garanticen reglas justas y equilibradas al momento de dirimir conflictos entre transnacionales y Estados, así como la creación de un Observatorio Internacional que estudie y proponga mecanismos para la reforma del régimen actual de inversiones.[3]
Por su parte el gobierno de Ecuador tomó la decisión de crear una Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (CAITISA) a fin de hacer una evaluación integral para el caso ecuatoriano de las implicaciones de dichos tratados. Esta decisión tiene como base la experiencia y los aprendizajes de la auditoria a la deuda externa realizada en el pasado la cual produjo resultados que beneficiaron la economía y al pueblo ecuatoriano.
Ante estos acontecimientos, las distintas organizaciones, redes y coaliciones sociales han venido trabajando estos temas a nivel nacional, regional e internacional para participar de manera activa como movimientos sociales en la construcción de estas alternativas. Por esta razón durante este taller internacional se buscó elaborar un plan de acción y mecanismos de participación ciudadana a partir de los siguientes objetivos:
- Realizar un mapeo actualizado de los países afectados por denuncias y demandas internacionales en tribunales de arbitraje internacionales y un inventario de las principales campañas continentales que se han venido llevando a cabo sobre la temática: a) campaña contra los Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI); b) campaña por un modelo alternativo de inversiones. Con el objetivo de establecer una estrategia única de lucha contra la impunidad de las transnacionales.
- Definir mecanismos y ámbitos de colaboración desde los movimientos sociales con los gobiernos que han establecido acciones para modificar el régimen actual de protección de inversiones y el sistema de resolución de controversias.
- Definir mecanismos y ámbitos de colaboración en el proceso de creación del Observatorio Internacional de monitoreo de casos inversionista– Estado.
- Definir mecanismos y ámbitos de colaboración con el gobierno de Ecuador, a fin de apoyar el proceso de auditoría ciudadana de los tratados de inversión.
Para los sectores ecuménicos participar de estos espacios permite compartir con los movimientos sociales la Declaración de Sao Paulo cuando ella afirma que “Lamentamos la forma en que la legislación y el control económicos y financieros están parcializados a favor de los ricos. Por ello afirmamos al Dios de la justicia para todos los oprimidos (Salmo 103:6). Reclamamos un sistema de legislación justa y de controles que faciliten la redistribución de la riqueza y el poder para toda la creación de Dios”. Desde la perspectiva de esta declaración no solo lamentamos sino que además “estamos llamados a encontrar una arquitectura financiera internacional justa orientada a satisfacer las necesidades de las personas y la realización de todos los derechos económicos, sociales y culturales y de dignidad humana. Esta arquitectura está enfocada a reducir la brecha intolerable entre los ricos y los pobres y a prevenir la destrucción ecológica, todo lo cual requiere un sistema que no esté al servicio de la ambición, sino que abarque economías alternativas que fomenten la espiritualidad de lo suficiente y un estilo de vida basado en la sencillez, la solidaridad, la inclusión social y la justicia.”[4]
De acuerdo con este llamado necesitamos ampliar la formación de los miembros de nuestras iglesias sobre la forma como el modelo económico, que se impone a nivel global afecta la vida de nuestro pueblo, también es necesario que fortalezcamos la articulación y el trabajo con los movimientos sociales que buscan la construcción de alternativas a este modelo económico. Junto con esto es urgente construir una estrategia de incidencia para mover a nuestros gobiernos y los organismos internacionales hacia la construcción de esta nueva arquitectura financiera internacional justa, a la que nos invita la Declaración de Sao Paulo.
[1] Taller Internacional Alternativas al Régimen Internacional de Protección de Inversiones y al sistema de Resolución de Controversias entre las Empresas Transnacionales y los Estados. Guayaquil, Ecuador. 25 y 26 de julio 2013.
[2] Patiño Insta a solidaridad contra sistema de arbitraje. Periódico “El Telegrafo” de Ecuador. Pág. 04. Edición impresa del viernes 26 de julio de 2013.
[3] I Conferencia Ministerial de Estados afectados por intereses transnacionales. Guayaquil. 22 de abril de 2013. http://cancilleria.gob.ec/wpcontent/uploads/2013/04/22abr_declaracion_transnacionales_esp.pdf
[4] Declaración de Sao Paulo: Transformación financiera internacional para una economía de la vida. http://www.claiweb.org/fes/2012/SaoPauloDeclaration_SP.pdf
